Malvinas: Javier Milei anunciaría como novedad una ley sancionada en el primer gobierno de Cristina Kirchner
El Presidente prepara un anuncio sobre la cuestión Malvinas y una de las medidas estaría vinculada con las empresas que participen de actividades hidrocarburíferas sin autorización argentina.
Malvinas: ¿Milei se agarra de una ley de Cristina Kirchner?
La iniciativa oficial llega en medio de la polémica por el avance de proyectos de explotación petrolera en la zona de las Islas Malvinas, particularmente por el desarrollo de Sea Lion.
Pero existe un antecedente legislativo que resulta clave para entender el anuncio: Argentina ya cuenta con una ley que desde 2011 establece prohibiciones y sanciones para las compañías que realicen determinadas actividades hidrocarburíferas sin autorización del Estado argentino.
Se trata de la Ley 26.659, sancionada el 16 de marzo de 2011, durante el primer gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, y publicada en el Boletín Oficial en abril de ese año.
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Qué dice la ley sancionada en 2011
La norma establece las condiciones que deben cumplirse para realizar actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en la Plataforma Continental Argentina. Uno de sus puntos centrales determina que las empresas no pueden desarrollar actividades hidrocarburíferas en ese territorio sin contar con la correspondiente habilitación de las autoridades argentinas.
Pero la legislación no se limita a las compañías que realizan directamente la exploración o explotación. El artículo 2 también alcanza a quienes tengan participación directa o indirecta en sociedades que desarrollen esas actividades sin autorización argentina o que presten servicios para ellas.
Además, contempla la prohibición de contratar o realizar operaciones económicas, financieras, logísticas, técnicas, de consultoría o asesoramiento con personas o empresas que desarrollen actividades hidrocarburíferas sin la habilitación correspondiente. Esto significa que el alcance de la legislación puede llegar también a empresas que, sin extraer petróleo directamente, formen parte de la cadena de servicios vinculada con una operación considerada ilegal por Argentina.
Las sanciones que ya contempla la normativa
La Ley 26.659 establece un régimen de inhabilitaciones de entre cinco y veinte años para las personas físicas o jurídicas que incumplan sus disposiciones. También prevé consecuencias sobre concesiones hidrocarburíferas y establece que las empresas sancionadas sean incorporadas a registros nacionales, provinciales y de la Ciudad de Buenos Aires.
A su vez, el Estado nacional, las provincias y los municipios tienen prohibido contratar con personas o empresas que desarrollen actividades hidrocarburíferas en la Plataforma Continental Argentina sin las autorizaciones correspondientes.
La normativa fue posteriormente endurecida. En diciembre de 2013, durante el segundo mandato de Cristina Kirchner, la Ley 26.915 modificó el régimen e incorporó sanciones penales para determinadas actividades realizadas sin autorización.
Penas de prisión por explorar o extraer hidrocarburos sin autorización
La legislación vigente establece penas de cinco a diez años de prisión para quien encargue o realice, sin autorización, actividades de búsqueda de hidrocarburos mediante exploración en el lecho o subsuelo del mar territorial o de la plataforma continental argentina.
Para actividades de extracción, transporte o almacenamiento de hidrocarburos sin autorización, las penas previstas ascienden a diez a quince años de prisión. Además, pueden aplicarse multas, inhabilitaciones y decomiso de los equipos y materiales utilizados.
En el caso de las empresas, la legislación contempla sanciones como multas, suspensión total o parcial de actividades, impedimentos para participar en licitaciones estatales y, en determinadas circunstancias, la cancelación de la personería jurídica.
Un antecedente que ya fue utilizado por el Estado
El régimen no quedó solamente como una declaración legislativa. En abril de 2022, el Gobierno argentino informó la aplicación de sanciones a una empresa petrolera por actividades consideradas ilegales en la Plataforma Continental Argentina vinculadas con Malvinas.
En aquella oportunidad, el Gobierno recordó que la Ley 26.659 exige permisos argentinos para realizar actividades hidrocarburíferas y contempla una inhabilitación de entre cinco y veinte años, además de otras penalidades. El antecedente resulta relevante frente al anuncio que prepara Milei porque demuestra que el Estado argentino ya dispone de herramientas legales para actuar contra compañías involucradas en este tipo de operaciones.
El conflicto por la explotación petrolera en Malvinas
La discusión volvió a cobrar fuerza por el avance del proyecto Sea Lion, que contempla la explotación de hidrocarburos en aguas próximas a las Islas Malvinas. El Gobierno argentino sostiene que las actividades hidrocarburíferas desarrolladas unilateralmente en la zona disputada no cuentan con autorización argentina y cuestiona la explotación de los recursos naturales del archipiélago.
Milei reforzó en los últimos días su discurso sobre la cuestión Malvinas y volvió a definir la recuperación de la soberanía sobre las islas como una causa central para la Argentina.
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