Marcela Pagano reclama investigar la presunta colaboración argentina en la fuga de Flávio Bolsonaro
A pesar de la prohibición de salir de Brasil, Flávio Bolsonaro se fugó a Miami en un jet privado que partió desde Puerto Iguazú. Pedirá asilo político a Trump.
Marcela Pagano
La diputada nacional Marcela Pagano presentó este miércoles una denuncia penal ante la Justicia Federal de Puerto Iguazú para que se investiguen las circunstancias en las que Flávio Bolsonaro ingresó a la Argentina y salió del país en un avión privado. La legisladora pidió determinar si hubo irregularidades en el operativo de traslado y si algún funcionario pudo haber incumplido sus deberes en el marco de la fuga del ex candidato presidencial de la ultraderecha brasileña.
La presentación judicial se produjo en medio de la polémica por la salida de Brasil del senador, hijo del convicto expresidente Jair Bolsonaro, y las sospechas sobre una posible colaboración de funcionarios argentinos. El episodio generó cuestionamientos de distintos sectores de la oposición hacia el Gobierno de Javier Milei.
"Presenté denuncia penal en la Justicia Federal de Puerto Iguazú. Flávio Bolsonaro tiene prohibido salir de Brasil por orden judicial. Los medios ubican su ingreso clandestino por Iguazú, un jet de matrícula argentina esperándolo para volar a EE.UU. y a la ANAC frenando ese despegue", advirtió en sus redes sociales la diputada nacional.
Y denunció: "Mientras tanto, el Gobierno dice que 'nunca ingresó'. Si entró, alguien lo dejó entrar. Si lo quisieron sacar por un aeropuerto federal, alguien miró para otro lado. Pedí preservar las cámaras del puente y del aeropuerto, los planes de vuelo, la lista de pasajeros y el contrato del chárter, e investigar por tráfico de personas en tránsito e incumplimiento de los deberes de funcionario público".
"La frontera argentina no es un pasillo VIP de nadie. La soberanía no se negocia ni se presta. Fiel al compromiso de seguir dando testimonio en tiempos difíciles", concluyó Pagano.
Flávio Bolsonaro investigado
El referente de la ultraderecha brasileña enfrenta tres causas penales abiertas en la justicia por blanqueo de capitales, corrupción y difamación. Su situación judicial se agravó después que la Corte Suprema ordenara investigar las fuentes de financiamiento de su campaña electoral.
La justicia sospecha una posible injerencia extranjera en las elecciones presidenciales a través de una financiación irregular, una manipulación en plataformas digitales y un favorecimiento futuro a cambio de beneficios en el país.
El juez Flávio Dino cree que detrás está la organización Rockbridge Network, fundada entre otros por el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance.
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