Continúa el juicio a María Julia Alsogaray por la privatización de Entel

Política

Se trata del cuarto proceso por corrupción y defraudación al Estado que afronta la ex funcionaria menemista. Su defensa pidió su absolución y la nulidad "por prescripción de la causa".

Los jueces José Martínez Sobrino, María del Carmen Roqueta y Julio Panello retomarán hoy las audiencias en el juicio a la ex funcionaria menemista María Julia Alsogaray en las que la fiscalía replica los alegatos de la defensa.

Alsogaray está siendo juzgada junto al ex coordinador de la empresa pública privatizada ENTEL, Gustavo Daneri y los consultores Hernán Pflaum y Juan Carlos Pyekenhay.

La defensa de María Julia Alsogaray pidió el lunes su absolución y la nulidad "por prescripción de la causa" en el cuarto juicio por corrupción y defraudación al Estado que afronta la ex funcionaria menemista.

Al presentar el alegato final ante el Tribunal Oral Federal 6 de esta capital, la defensora oficial Pamela Bisserier volvió a reclamar la nulidad del juicio por supuestos delitos contra el erario público durante la privatización de la telefónica estatal Entel, ya que ésta concluyó en 1990, hace casi un cuarto de siglo.

Alsogaray está siendo juzgada junto al ex coordinador de la empresa pública privatizada, Gustavo Daneri y los consultores Hernán Pflaum y Juan Carlos Pyekenhay, para los que la fiscalía pidió penas de cuatro años de prisión efectiva, y de  3 y 2 años de prisión en suspenso así como el sobreseimiento del último.

En el juicio, iniciado en febrero, se ventiló la firma de por contratos de liquidación y certificación de obra pública que habrían ocasionado un daños de 250 millones de pesos a las arcas públicas.

Los jueces José Martínez Sobrino, María del Carmen Roqueta y Julio Panello fijaron nueva audiencia para el próximo jueves 3 de abril, a fin de que la fiscalía replique los alegatos de las defensas, dejando luego expedito el camino para una sentencia.

La ex dirigente liberal tiene ahora 71 años y acumula ya dos condenas, una a cuatro años de prisión por defraudación a la administración pública, y otra de tres años por enriquecimiento ilícito, que no cumple porque aún no están firmes.

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