Rechazan planteo de María Julia Alsogaray para frenar el juicio

Política

El Tribunal descartó hacer lugar a las nulidades y pedidos de prescripción que presentaron las defensas durante la primera audiencia del juicio.

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 6 rechazó los planteos de la ex funcionaria menemista María Julia Alsogaray a fin de suspender el juicio que se inició esta semana por irregularidades cometidas en la ex Entel, por lo que el debate continuará su curso.

Este jueves, el Tribunal rechazó hacer lugar a las nulidades y pedidos de prescripción que presentaron las defensas durante la primera audiencia del juicio.

La fiscal Sabrina Namer, también sostenía que los abogados realizaban esos planteos "con el fin de suspender el debate".

María Julia Alsogaray está acusada por el delito de "administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública en carácter de autora"; y además son juzgados Hernán Pflaum y Juan Carlos Pickhenhayn, de la empresa KPMG, y Gustavo Daneri, ex coordinador general de Entel.

Los jueces consideraron en la resolución que las cuestiones planteadas eran improcedentes, tal como ya había dictaminado la fiscal Sabrina Namer en la primera audiencia.

 "No se ven vicios formales en las indagatorias y no se advierte que con el dictado del requerimiento de elevación a juicio se hayan cercenado los derechos de las defensas, tal como lo dijo la fiscal de juicio", resolvieron los integrantes del Tribunal.

Así, con un nuevo revés para María Julia, el Tribunal comunicó que el próximo lunes comenzarán las audiencias testimoniales, y las indagatorias a los acusados, quiénes se negaron a declarar en este momento del proceso.

Se investiga en la causa irregularidades de un contrato, supuestamente fraudulento, que realizó en 1994 la ex Entel con la Unión Transitoria de Empresas (UTE), integrada por las firmas "KPMG", "Copiaga S.A." y por el estudio Fernández Madero. Dicha contratación se realizó mediante un concurso privado de precios y preveía tareas de liquidación y certificación final de contratos de obra pública que había firmado la telefónica estatal.

Según se pudo establecer, las autoridades de Entel ampliaron los plazos de ejecución sin justificación aparente. Debido a las ineficiencias e irregularidades de los informes producidos por la firma KPMG y el estudio jurídico involucrado, la empresa estatal inició una gran cantidad de juicios que nunca se cobraron y que generaron al Estado un perjuicio de al menos un millón y medio de dólares.

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