Nación pidió a Mendoza que frene el cese de tierras en Malargüe

Política

Es por la asignación de tierras a una empresa para la creación de un centro de esquí.

En medio de la polémica, el Gobierno nacional pidió al gobierno de Mendoza que frene la cesión de tierras en Malargüe a la firma El Azufre SA que tienen como objetivo construir un centro de esquí "boutique" de alto estándar internacional.

El pasado viernes, la Agencia de Administración de Bienes del Estado , por medio de su presidente Martín Cosentino, emitió una nota en la que le solicita al gobierno de la provincia de “deje sin efecto” la asignación de las tierras; alegan que no se cumplieron algunas formalidades y anticipa que puesteros agropecuarios, que habían cedido sus derechos a El Azufre SA, perdieron un juicio "con sentencia a favor del Estado Nacional" en 2019 por el usufructuo de esas tierras en Malargüe.

El futuro de las tierras abrió una polémica entre el oficialismo y la oposición en Mendoza: el peronismo atacó el tema “cometiendo imprecisiones y algunas afirmaciones inexactas”, según informaron en Mendoza Post.

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En tanto, el oficialismo apoyó el proyecto con notas de opinión y la declaración de varios legisladores.

Pese a esto, el peronismo consiguió que la polémica llegue al Gobierno nacional y este intervenga mediante la Agencia de Administración de Bienes del Estado para frenar el traspaso de las tierras de Malargüe.

Tras la nota de la Agencia, por el momento ni el gobierno provincial ni la firma se pronunciaron al respecto.

Centro de esquí en Malargüe

El proyecto comenzó gracias a las inversiones en la zona llamada "Campo Potreros de Cordillera", al sur de Malargüe, que limita con Chile.

La construcción del centro de esquí "boutique" preveía una inversión inicial de 5 millones de dólares, y cuando se propuso incluso tuvo incluso el visto bueno de parte del peronismo mendocino.

En 2021 el gobierno nacional cedió por decreto unas 12.000 hectáreas a la firma El Azufre, cuyos referentes son Alejandro Spinello, José Beccar Varela y Daniel Nofal.

El decreto estaba avalado por legislaciones de tierras de frontera y acuerdos con Nación y ya se habían hecho algunas inversiones en el lugar.

La empresa ya había comprado los derechos sobre la zona a los puesteros que ocupaban esas tierras durante la temporada de verano, aunque sin quitarles la posibilidad de realizar la actividad.

Desde el peronismo se reclamó que no hubo licitación y hubo cuestionamientos sobre la cantidad de hectáreas cedidas.

Desde el oficialismo apuntaron a que las trabas de la oposición eran para fomentar “la desinversión y el atraso” en la provincia.

La nota de la Agencia de Administración de Bienes del Estado

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