Se toma licencia el juez que tiene que definir la prisión domiciliaria de Cristina Kirchner

Sin tener previsto que el martes la Corte Suprema de iba a pronunciarse respecto a la causa que le significó a Cristina Kirchner su primera condena por corrupción cuando ejercía la vicepresidencia de la Nación, el juez Jorge Gorini tenía solicitada con antelación la licencia que regirá a partir del lunes.

Como presidente del TOF 2 -que fue el que realizó el juicio de Vialidad-, es el responsable de la ejecución de la pena: los seis años de prisión por el delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado, una maniobra que representó un daño ocasionado a las arcas públicas de $86.085.463.548,25.

Las decisiones que restan tomarse tienen que ver con el lugar de cumplimiento de la condena de los nueve acusados: Cristina Kirchner, Lázaro Báez, Nelson Periotti, José López, Juan Carlos Villafañe, Raúl Pavesi, Mauricio Collareda, Raúl Santibáñez y Raúl Daruich.

Cristina Kirchner pidió que le otorguen la prisión domiciliaria y confirmó que el miércoles irá a Comodoro Py

La ex presidenta Cristina Kirchner reclamó que la Justicia le conceda la prisión domiciliaria y confirmó que el próximo miércoles asistirá a los tribunales de Comodoro Py.

“No somos la derecha mafiosa que elude las órdenes judiciales, se profuga durante 3 años y, cuando vuelve, consigue que el Partido Judicial lo proteja y, además, lo sobresea. Por eso,el próximo miércoles 18 de junio me presentaré en Comodoro Py para estar a derecho, como siempre lo he hecho”, dijo la expresidenta.

En un descargo publicado en sus redes sociales, Cristina Kirchner criticó a la Corte Suprema por haber ratificado la condena. “El martes, cuando el Triunvirato títere que funge como ficción de Corte Suprema de Justicia cumplió la orden de proscripción del poder económico contra mi persona, poniéndole un cepo al voto popular, mis abogados presentaron ante el Tribunal Oral Nro. 2 solicitud de detención domiciliaria en mi casa, en el barrio de Monserrat”, comienza el texto.

“No se trata de un privilegio. Por el contrario, obedece a estrictas razones de seguridad personal. Por un lado, existen motivos institucionales. Fui Presidenta durante dos períodos consecutivos y, de acuerdo a la normativa vigente, debo contar con custodia de por vida: es obligatoria y no puedo sustraerme voluntariamente de ella. Dicha custodia obedece a los riesgos a los que se ven expuestos quienes han desempeñado la primera magistratura”, profundizó.

Luego, se refirió al atentado en su contra como argumento para reforzar el pedido. “A estas razones de carácter institucional se le suma una verdaderamente más grave y definitoria para la resolución del Tribunal: el 1 de septiembre del 2022, cuando desempeñaba la Vicepresidencia de la Nación, fui objeto de un intento de magnicidio durante la sustanciación de la etapa final del engendro político-electoral conocido como ‘Vialidad’, que culminó este martes con ‘el fallo que sí salió’”, aseguró.

“El gravísimo intento de asesinato no alcanzó a consumarse. ‘La bala no salió’ por un verdadero y auténtico milagro, que siempre agradeceré a Dios. Se conocen y están siendo juzgados los autores materiales del hecho, pero el Partido Judicial no ha querido avanzar respecto de los ores intelectuales y los apoyos económicos”, criticó.