Qué pasa si todas las querellas acuerdan con TBA: ¿Hay juicio?
La empresa alcanzó un acuerdo extrajudicial con el grupo de familiares que renunció así a ser parte de la acusación en el juicio que comienza este martes.
Según confirmaron fuentes judiciales, la empresa TBA firmó un acuerdo extrajudicial con un grupo de familiares cuya representación estaba a cargo de los abogados María del Carmen Verdú y Marcelo Parrilli, por lo que renunciaron a ser parte de la acusación contra los imputados.
La suma del arreglo "es confidencial". El artículo 1097 del Código Civil dice que "si renunciaron a la acción civil o hicieron convenios sobre el pago del daño, se tendrá por renunciada la acción criminal".
De acuerdo a los voceros consultados, TBA intentaría llegar a un acuerdo con familiares que componen las cabezas de querella de los abogados Gregorio Dalbón por un lado y con algunos de los que encabeza el letrado Miguel Arce Aggeo.
En el juicio también será querellante, la familia de Lucas Menghini Rey, cuyo cuerpo fue hallado días después en un vagón, y cuya familia ratificó este lunes, tras conocerse el acuerdo, que "no vamos a ceder ante ningún convenio extrajudicial.
No obstante, ante el hipotético caso de que la concesionaria TBA lograra llegar a un acuerdo con las cuatro querellas, el juicio oral y público que arranca este martes se realizará de todas formas.
Ocurre que la fiscalía ejercerá su rol acusador a cargo del fiscal Fernando Arrigo.
En la lista de acusados están los ex funcionarios que estuvieron a cargo del área de Transporte del gobierno nacional desde 2003 y responsables de los controles sobre las empresas, los ex secretarios de Transporte Jaime y Schiavi; el ex titular de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte Eduardo Sícaro; Antonio Guillermo Luna, subsecretario de Transporte Ferroviario, y Pedro Ochoa Romero, ex interventor de la CNRT.
Entre los empresarios serán juzgados Sergio y Mario Cirigliano, responsables de TBA, el presidente Carlo Michele Ferrari, su apoderado Carlos Alberto Lluch, además de los ejecutivos de las empresas controlantes y controladas por el grupo.
Los funcionarios y los empresarios serán juzgados por el delito de estrago culposo y administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública y el maquinista Marcos Córdoba, sólo por el estrago, por la conducción supuestamente negligente de la formación.
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