Prepagas advierten que podrían tener un desborde en el sistema
Las firmas de medicina privada consideraron que podrían tener un colapso en el sector durante la pandemia del coronavirus. Habrá una reunión en el ministerio de Salud entre el titular de la cartera y los empresarios.
Las empresas de medicina privada empezaron a llamar a representantes del Gobierno para expresarles preocupación por el alcance de las medidas del sector: consideran que el DNU no es tan invasivo pero temen que se extienda en caso de que aumenten los casos de coronavirus en la Argentina. Le dijeron al Ejecutivo que, en ese caso, el sistema de salud privada podría colapsar.
El Gobierno adoptó este jueves nuevas medidas a nivel sanitario en el marco de la lucha contra el avance de la circulación comunitaria del coronavirus Covid-19. Lo que lanzó el ministerio de Salud que conduce Ginés González García apuesta a la descongestión del sistema sanitario de pacientes con patologías menores de modo de liberar los canales de atención y evitar la propagación de la pandemia. La Resolución 282/2020 publicada en el Boletín Oficial dispone que las empresas de medicina prepaga y las obras sociales implementen y fomenten "el uso de plataformas de teleasistencia y/o teleconsulta a fin de garantizar las prestaciones de demanda esencial". La disposición prevé además que en el marco de las teleconsultas los médicos puedan prescribir médicamentos a través de recetas electrónicas.
Desde las empresas dicen que no fueron consultadas, pero al enterarse de la medida temieron un mayor control estatal del negocio, algo que no descartan que pase si el coronavirus avanza. Desde las firmas consideraron que, en caso de progresar estas medidas, se podría adentrar más al sistema en un "colapso", según dijeron algunos empresarios a este medio.
Jorge Cherro, miembro de Asociación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados de la República Argentina (Adecra) y de la Unión Argentina de Salud (UAS), y que se reunirá con el ministro González García, consideró que a esas firmas le exigen que atienda a un 70% de la población de riesgo y que el 30% restante le queda al sector público: "Tenemos obligaciones con las obras sociales, el PAMI, la medicina prepaga y la gente que paga sus cuotas”.
Por eso, las empresas de medicina privada consideran que podrían tener "un desborde de afiliados".
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