Atentado a la AMIA: la Corte Interamericana condenó a Argentina por encubrimiento e impunidad

Sociedad

El tribunal de derechos humanos responsabilizó al Estado por no haber tomado las medidas necesarias para prevenir el ataque y cuestionó la investigación.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó al Estado argentino como responsable de no haber esclarecido el atentado a la AMIA, con fuertes cuestionamientos tanto a la investigación del caso como a su encubrimiento. En la resolución, se ordenó indemnizar a las víctimas del ataque terrorista.

El 18 de julio de 1994, a las 9:53, un vehículo con una carga explosiva fue detonado en la puerta de la sede de la AMIA. Como consecuencia directa de la explosión, 85 personas murieron y 151 resultaron heridas. En el comunicado difundido sobre el fallo se hace particular referencia a la responsabilidad de Argentina en la investigación que se inició para establecer la conexión local e internacional de los responsables del atentado.

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“Argentina es responsable por no haber adoptado medidas razonables para prevenir el atentado” y “no haber cumplido con su deber de investigar con la debida diligencia y dentro del plazo razonable el atentado y su encubrimiento”, señaló la sentencia dictada por la CIDH.

“Esta Corte concluye que el Estado incurrió en una falta grave a su deber de investigar uno de los mayores atentados terroristas en la historia de la región”, sostuvieron.

El fallo de la CIDH responde a una demanda realizada por la agrupación Memoria Activa a raíz de las irregularidades en la investigación del atentado a la AMIA. En octubre de 2022, el Estado argentino reconoció su responsabilidad internacional por la impunidad del caso y admitió encubrimientos.

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“Las faltas del Estado a su deber de investigar, las dilaciones injustificadas al proceso y, en general, la falta de esclarecimiento y la situación de impunidad, han provocado en los familiares de las víctimas sentimientos de angustia, tristeza y frustración”, agregaron desde el máximo tribunal.

La Corte declaró además la responsabilidad de Argentina al no haber garantizado un acceso real a la documentación sobre el atentado a la AMIA y determinó que hubo una violación al derecho a la verdad por las múltiples falencias del Estado en la determinación de la verdad histórica sobre el atentado y su responsabilidad directa en las maniobras de encubrimiento, así como por las dificultades que han tenido los familiares de las víctimas en acceder a la información sobre el caso.

Atentado AMIA
Atentado a la AMIA

Atentado a la AMIA

Sin embargo, “durante la investigación sucedieron una serie de irregularidades en la práctica de diligencias esenciales y se dio un abandono deliberado de algunas líneas de investigación”. Asimismo, “se tuvo por probado que agentes estatales – magistrados, policías y personal de agencias de seguridad- actuaron de forma articulada con el propósito de construir una hipótesis acusatoria sin sustento fáctico, lo que favoreció el encubrimiento de los verdaderos responsables de los atentados, impidiendo una investigación diligente que permitiera a las víctimas, y a la sociedad en general, conocer la verdad de los hechos y sancionar a los responsables”.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos consideró también que “el Estado violó el principio de igualdad y no discriminación” y realizó “un mal manejo del material probatorio y la escena del hecho” donde ocurrió el atentado.

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Acto en un nuevo aniversario del atentado a la AMIA

Acto en un nuevo aniversario del atentado a la AMIA

“Frente a las maniobras de encubrimiento por parte de agentes estatales, se originó un nuevo deber del Estado de investigar y sancionar a los responsables de este encubrimiento, deber que tampoco fue ejecutado de manera diligente ni en un plazo razonable”, consideraron.

“A casi 30 años del atentado todavía no se tiene claridad sobre lo acontecido, sus responsables, ni las razones por las cuales el Estado utilizó su aparato judicial para encubrir y obstaculizar la investigación, por lo que la Corte consideró que el Estado es responsable por la violación a los derechos a las garantías judiciales, al juez imparcial, al plazo razonable y a la protección judicial”, expresaron desde la CIDH.

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