Crece el respaldo a la jueza De Marinis: 27 organizaciones exigieron archivar la denuncia

Las organizaciones calificaron la denuncia como un hecho que “constituye un ataque a la independencia judicial, al estado de derecho y al sistema democrático” y manifestaron su preocupación por lo que consideran una injerencia del Poder Ejecutivo sobre una decisión judicial.

El conflicto se originó a partir de una resolución de De Marinis, titular del Juzgado Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas N°3, en la que declaró la inconstitucionalidad de la aplicación de la nueva normativa sobre la edad de punibilidad en un caso concreto que involucraba a un adolescente de 14 años acusado de un intento de robo de un celular.

La jueza Laura Beatriz de Marinis, titular del juzgado penal juvenil, contravencional y de faltas N° 3.

Para las organizaciones firmantes, más allá de que la decisión judicial pueda ser cuestionada por las vías procesales correspondientes, no debería derivar en una denuncia disciplinaria contra la magistrada. “Más allá del acierto o no de la solución adoptada en su carácter de jueza especializada en niñez —cuya resolución resulta eventualmente recurrible—, la reacción del Poder Ejecutivo de la Ciudad y de otras figuras políticas del oficialismo pone en riesgo la independencia necesaria para que el Poder Judicial pueda cumplir con su función de garantizar el estado de derecho en un sistema democrático”, señalaron.

El documento también reivindica los fundamentos utilizados por De Marinis y destaca que su resolución se apoyó en normas de derecho internacional de los derechos humanos y en recomendaciones de organismos especializados en materia de infancia.

Según las organizaciones, la jueza entendió que en ese caso concreto “no correspondía perseguir penalmente a un adolescente de 14 años”, teniendo en cuenta la especial protección que reciben los menores de edad y el principio de que la respuesta penal debe ser utilizada como último recurso.

En ese sentido, sostuvieron que el fallo también puso el foco en las circunstancias sociales que atravesaba el adolescente y su familia. “Entendió que en ese caso, el mundo adulto había fallado y no había dado ni contención ni ningún otro tipo de guía frente a una situación social crítica que atravesaba la familia del niño”, indicaron.

La advertencia de Naciones Unidas

Las entidades también citaron a la relatora especial de Naciones Unidas sobre la independencia de los magistrados y abogados, Margaret Satterthwaite, para advertir sobre los efectos que pueden producir las sanciones disciplinarias contra jueces por el contenido de sus decisiones.

“Los jueces pueden ser objeto de sanciones disciplinarias, entre ellas la suspensión o la destitución, en formas que atentan contra los derechos humanos y los valores democráticos”, sostuvo la relatora, según el documento. Además, Satterthwaite advirtió que las medidas disciplinarias con motivación política pueden generar un efecto disuasorio sobre los magistrados y “debilitar la independencia judicial y socavar el estado de derecho”.

Las organizaciones sostuvieron que esa advertencia resulta especialmente relevante en el caso de De Marinis: “Esto es lo que está sucediendo en este caso”, afirmaron.

Por último, reclamaron al Consejo de la Magistratura porteño que cierre la actuación iniciada contra la magistrada. “Solicitamos al Consejo de la Magistratura que archive prontamente esta denuncia, que pone en riesgo la vigencia de la independencia judicial, el estado de derecho, y en definitiva, el sistema democrático en la Ciudad de Buenos Aires”, concluyeron.

El pronunciamiento lleva la firma de numerosas organizaciones, entre ellas INECIP, CELS, Amnistía Internacional Argentina, APP, ACIJ, FEIM, Fundación Sur y La Poderosa, además de entidades integrantes del Colectivo de Derechos de Infancia y Adolescencia de Argentina.