Denunciaron al militante libertario que pidió tirar napalm en la provincia de Buenos Aires desde un streaming
El libertario Alejandro Sarubbi Benítez propuso a modo de chiste una serie de delitos contra la población bonaerense y fue denunciado por apología del crimen.
Hay gente a la que le cuesta vivir en sociedad. El caso más reciente fue el del streamer libertario Alejandro Sarubbi Benítez, quien esta semana causó un revuelo en su programa al pedir la esterilización de la población de la provincia de Buenos Aires, motivo por el que fue denunciado por apología del crimen y otros delitos.
La denuncia fue presentada por el abogado Emiliano Gareca, y este miércoles fue asignada por sorteo al Juzgado Criminal y Correccional Federal 12, no sólo por apología del crimen sino también por instigación a cometer un delito e incitación a la violencia colectiva.
El planteo se sostiene en la emisión más reciente de "La Trinchera", el programa de Sarubbi Benítez en Carajo -canal de streaming alineado con La Libertad Avanza- del cual participa la otra denunciada, Ann Kalina.
Kalina no sólo aplaudió las ideas repulsivas de Sarubbi Benítez sino que también sumó las propias, con un intento de chiste al señalar un tono específico de color en una planilla y decir: "derechos".
Sarubbi Benítez aseguró que "no tiene vuelta la provincia de Buenos Aires", y presentó "una serie de propuestas", que iban desde la esterilización de su población hasta cercar con un muro el territorio "con snipers" (francotiradores) o lanzar napalm para aniquilar a todo ser vivo a varios kilómetros a la redonda.
El streamer también habló de "expulsarla del territorio nacional", para que pueda hacer su propia nación, "con alcohol y mujerzuelas".
Sarubbi Benítez reconoció que aplicaría un criterio "100% arbitrario" para decidir si habitantes de la provincia de Buenos Aires podrían mudarse a otros puntos del país y que la "portación de cara" sería parte del combo.
Antes conocido online como "Gordo Leyes", Sarubbi Benítez es un abogado de 41 años que desembarcó en Carajo con su programa y, lejos de hacer reír más que a algunos miembros de su equipo -ni siquiera todos- perdió auspiciantes esta semana por sus "propuestas" contra la provincia de Buenos Aires y su población.
La denuncia en su contra se basa en el artículo 3 de la Ley 23.592, donde costa que "serán reprimidos con prisión de un mes a tres años los que participaren en una organización o realizaren propaganda basados en ideas o teorías de superioridad de una raza o de un grupo de personas de determinada religión, origen étnico o color, que tengan por objeto la justificación o promoción de la discriminación racial o religiosa en cualquier forma".
"En igual pena incurrirán quienes por cualquier medio alentaren o incitaren a la persecución o el odio contra una persona o grupos de personas a causa de su raza, religión, nacionalidad o ideas políticas", cierra el artículo.
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