"La emergencia continúa": el comunicado del Foro Discapacidad sobre el nuevo proyecto oficial
Desde el Foro Discapacidad pidieron prudencia, valoraron la incorporación de puntos clave, pero remarcaron que la crisis del sector no se resuelve solo con un cambio de denominación.
"La emergencia continúa": el comunicado del Foro Discapacidad sobre el nuevo proyecto oficial
En el marco del plenario de las comisiones de Discapacidad y de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, el oficialismo presentó un nuevo proyecto destinado a reemplazar el esquema de emergencia vigente por un régimen permanente, maniobra con la cual logró alzarse con el dictamen de mayoría en la antesala de la discusión en el recinto.
Fue de esta manera que el debate legislativo en torno al sistema de atención a personas con discapacidad sumó un giro inesperado.
La jugada gubernamental alteró el eje de discusión que venía impulsando la oposición, centrada en la prórroga de la ley de emergencia.
Ante este escenario, el Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad emitió un comunicado en el que consideró prioritario analizar con extrema prudencia y en profundidad los alcances reales de la propuesta oficial.
Cautela desde el Foro Permanente Discapacidad: "La emergencia continúa"
Desde el espacio que nuclea a familiares, prestadores e instituciones valoraron que el nuevo texto normativo retome algunos de los puntos estructurales que ya se habían plasmado en la Ley de Emergencia.
Sin embargo, la reacción institucional fue terminante al marcar los límites de la medida legislativa frente al contexto crítico que atraviesa el sector prestacional: "Valoramos que el nuevo proyecto retome aspectos que habían sido planteados por la Ley de Emergencia en Discapacidad. Pero remarcamos: LA EMERGENCIA CONTINÚA".
En la misma línea, las organizaciones advirtieron que mantendrán un rol activo de control y formularán propuestas concretas para garantizar que la transición hacia un régimen permanente no constituya una mera lavada de cara nominal. El objetivo central, insistieron, es asegurar que la herramienta jurídica se traduzca de manera inmediata en una respuesta efectiva a las necesidades urgentes de las personas con discapacidad y de todo el sistema de prestaciones, el cual arrastra serios problemas de financiamiento y desfasaje arancelario.
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