La Legislatura aprobó proyecto de Leandro Santoro contra agencias de cobranza por acoso y amenazas por deudas
La iniciativa del legislador porteño establece una serie de normas que le ponen un freno al apriete de las agencias de cobranzas.
La Legislatura aprobó proyecto de Leandro Santoro contra agencias de cobranza por acoso y amenazas por deudas
La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires aprobó una ley clave para regular la actividad de las agencias de cobranza y proteger a los usuarios frente a prácticas abusivas y extorsivas. La iniciativa, impulsada por el legislador Leandro Santoro, busca establecer un marco normativo estricto ante el bombardeo de llamados, mensajes y presiones psicológicas que sufren miles de familias por deudas reales o presuntas.
La norma no exime del pago de las obligaciones financieras, sino que apunta a erradicar el maltrato, la intimidación y las maniobras ilegales al momento de reclamar acreencias.
Las claves de la ley de Leandro Santoro: qué cambia para los usuarios en CABA
El texto aprobado introduce modificaciones estructurales en la operativa de los estudios y empresas dedicadas a la gestión de morosidad:
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Habilitación obligatoria y registro: Para operar en la Ciudad, las agencias de cobranza deberán contar con una habilitación oficial otorgada por el Gobierno porteño. Bancos y financieras no podrán vender carteras de morosos a firmas no autorizadas. Ante incumplimientos graves, la habilitación podrá ser revocada.
Responsabilidad profesional de abogados: Cada agencia o departamento interno de cobranzas (de entidades bancarias o comerciales) deberá contar con un abogado matriculado responsable. En caso de cometer abusos, amenazas o irregularidades, el profesional podrá ser denunciado ante el Colegio de la Abogacía, poniendo en riesgo su matrícula.
Tope a los llamados y contacto reiterado: Se limita el contacto a un máximo de 1 vez por día y hasta 2 veces por semana. Si el usuario atiende la llamada, la agencia no podrá volver a comunicarse durante el resto del día.
Regulación de bots e Inteligencia Artificial: Si la comunicación se realiza mediante un contestador automático o un agente virtual de IA, el sistema estará obligado a informarlo de entrada y a ofrecer de manera visible y accesible la opción de derivar la llamada a un operador humano.
Prohibición de falsas amenazas e intimidaciones: Queda prohibido amedrentar con penas de prisión, mentir sobre embargos sin orden judicial previa o amenazar con el quita de jubilaciones, pensiones o programas sociales.
Protección agravada para sectores vulnerables: Las maniobras de acoso contra jubilados, pensionados y personas con discapacidad recibirán sanciones económicas y multas severas.
Canales de mediación y planes de pago sostenibles: La Ciudad pondrá a disposición mecanismos de mediación para la renegociación de deudas. Las cuotas acordadas deberán contemplar montos razonables que no comprometan los ingresos destinados a necesidades básicas de alimentación y salud.
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