Mataderos: desalmados explotaban laboralmente a un abuelo de 84 años

El expediente indica que el damnificado habría estado en situación de sometimiento por lo menos entre el 17 de marzo de 2026 y el 18 de mayo de 2026, de acuerdo con el procesamiento mencionado por el Ministerio Público Fiscal. Durante ese lapso, una pareja compuesta por un hombre de 64 años y una mujer de 39, junto a un tercer implicado de 65, se habrían valido de su fragilidad asociada a la edad, su estado de salud y su situación económica precaria.

La investigación se activó cuando la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX) denunció un presunto caso de reducción a la servidumbre tras una llamada anónima recibida en la línea 145 de la Coordinación Nacional de Rescate. La causa fue delegada en la Fiscalía en lo Criminal y Correccional Federal N°3, a cargo del fiscal Eduardo Taiano.

Las pesquisas permitieron determinar que el anciano residía en una vivienda de la calle Tapalqué, de propiedad de uno de los sospechosos, donde convivía con su pareja y además alquilaban una habitación al tercer acusado. El hombre era forzado a mendigar en la intersección de Murguiondo y Tapalqué y, al volver, dos de los imputados lo interceptaban para apoderarse del dinero recaudado —esta dinámica se repetía tanto a la mañana como a la tarde—.

Con esos elementos, la justicia ordenó un allanamiento el 18 de mayo. En el interior de una de las habitaciones, la víctima fue encontrada “en condiciones deplorables de habitabilidad, rodeado de residuos, excremento y orina”, según la reconstrucción del Ministerio Público Fiscal. Además, uno de los imputados poseía el DNI y la tarjeta de débito del hombre.

Si bien el damnificado manifestó sentirse bien y aseguró que recibía un trato adecuado, la investigación contextualizó esas declaraciones: se tomó en cuenta su edad avanzada, su delicado estado de salud, su situación de precariedad económica, su aislamiento social, la carencia de una red familiar de respaldo y su dependencia diaria respecto de las personas investigadas.

Ercolini sostuvo que “la ausencia de una percepción subjetiva de sometimiento por parte de la víctima no descarta la existencia objetiva de una dinámica de explotación, dependencia o aprovechamiento”. Con el cúmulo de pruebas, determinó que se trataba de “una persona adulta mayor, vulnerable, alojada en condiciones inhumanas, que salía sistemáticamente a pedir dinero en la vía pública y cuyo producido era luego entregado o retirado por terceros”.

El juez también destacó que la documentación personal del anciano estaba en poder de uno de los procesados. A ello agregó que el hombre de 84 años desconocía el monto de su jubilación y los descuentos que le aplicaban, lo que calificó como “un indicador concreto de control sobre aspectos esenciales de su vida personal, sanitaria y patrimonial”.

El procesamiento responsabilizó a los tres acusados por el delito de trata de personas agravado por el abuso de la situación de vulnerabilidad de la víctima. En su resolución, el juez escribió: “No es una mera situación de pobreza compartida ni un vínculo desordenado de convivencia, sino un esquema de aprovechamiento sobre una persona mayor, vulnerable y dependiente”.

Para justificar la prisión preventiva, el magistrado señaló que el principal lugar de residencia de los imputados coincide con el sitio donde ocurrieron los hechos y donde aún permanece la víctima. Asimismo, el juez Julián Ercolini afirmó que el Estado debe garantizar la protección de la salud y la integridad física y psicológica de la víctima, por lo que consideró necesario adoptar medidas para resguardar su bienestar.