Presentaron un proyecto para proteger a quienes compren departamentos "en pozo"

Con países como España, México y Estados Unidos como referencia, Agost Carreño propuso una ley con sanciones efectivas para los desarrolladores inmobiliarios ante incumplimientos en sus obligaciones contractuales.

Además, el proyecto estipula que los fondos aportados por los compradores sólo podrán destinarse a la obra comprometida y no a otras finalidades (lo que evitaría la "bicicleta" con otros proyectos) y obligaría a los desarrolladores a publicar balances anuales auditados por profesionales matriculados.

Las firmas desarrolladoras de los proyectos también tendrían que entregar a los compradores un informe trimestral sobre el estado de avance de obra, con un detalle actualzado de los plazos de entrega y eventuales demoras en la ejecución.

Otros puntos de la ley establecen:

• La obligación para los desarrolladores de constituir un Fondo de Garantía que sirva como seguro de caución equivalente al monto total de los anticipos recibidos, y que estará destinado a la devolución de dinero a los compradores en caso de incumplimientos en la entrega de las unidades.
• La creación de un Registro Nacional de Desarrolladores Inmobiliarios, que será de inscripción obligatoria para todas las personas humanas o jurídicas que quieran desarrollar proyectos de inversión inmobiliaria.
• La imposición de una penalidad por demoras injustificadas respecto a los plazos pautados para la entrega de las unidades, que consistirá en una multa diaria equivalente al 0.1% del valor total del contrato, hasta un máximo del 10% del mismo.
• Esta sanción económica se combinará con sanciones penales más severas por estafas, por lo que también habría una propuesta de modificación del Código Penal.
• De este modo, se prevé una pena de 2 a 8 años de prisión por perjuicio económico mediante engaño o abuso de confianza.

Agost Carreño se concentró en el caso de la firma Márquez & Asociados, que "dejó a más de 4.000 familias afectadas, mostró lo grave que puede ser operar sin controles claros", como explicó al presentar su proyecto.

Según afirmó, “no se trata de regular por regular” sino de lograr “un mayor control estatal que permita proteger el dinero de los consumidores ante desarrolladores que no cumplen lo pactado”.

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