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#Debate: ¿debe el Estado legalizar la prostitución?

Sociedad

Con el fallo de la jueza Natalia Molina al respecto del reconocimiento del trabajo sexual, retorna con fuerzas un debate que tiene por objetivo reflexionar y fijar una postura en relación al ejercicio voluntario de la prostitución. Quienes están a favor de su regulación defienden el legítimo uso de la libertad y la necesidad de adquisición de derechos laborales por parte de los implicados, mientras que quienes optan por su abolición, consideran que en realidad esta elección nunca es libre y jamás puede verse por fuera de la cosificación del cuerpo y la mercantilización humana. Entonces, ¿cómo pensar esta situación?

Foto ilustrativa
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Federico Mana
Por Federico Mana [email protected]
Detrás del debate acerca de si debe ser contemplado por el estado el ejercicio de intercambiar relaciones sexuales por dinero, objetos o favores y si se puede considerar esta actividad como un trabajo formal, aparecen innumerables aristas que van más allá del ámbito moral. Por ejemplo, en principio podemos cuestionarnos si es que, ante una actividad que vaya en contra de la ley pero que sea haya generalizado en el tiempo, el Estado debe luchar por erradicarla o armar un marco a su alrededor a fin de regularizarla. Aquí es donde confrontan posturas que se consideran así mismas como prácticas con posturas más de corte idealistas basadas en un convencimiento que excede las condiciones de emergencia.

¿Te parece que el Estado legal...

Así pues, podemos pensar que si la prostitución ha existido siempre, no tenemos otra opción más que aceptarla así no estemos de acuerdo con su ejercicio, por lo que las leyes no deberían prohibirla si no posibilitar que quienes se dediquen a ella tengan garantizados derechos laborales y sanitarios mínimos. Esta postura se basa también en la pregunta acerca de por qué alguien que haya optado por realizar esta actividad debe estar necesariamente reducido a la marginalidad y la clandestinidad, permitiendo su explotación y todo tipo de vejaciones que poco tienen que ver con un estado de derecho.

Por otro lado, quienes están a favor de que el Estado lleve adelante acciones tendientes a eliminar esta práctica, consideran que detrás de la supuesta libre elección de las personas que la desarrollan, se esconde una trama social compleja que las ha empujado a esta práctica más por necesidad que por deseo, entendiendo por tanto que tal elección no ha sido libre si no la única posible para salir de una situación de marginalidad tanto económica como emocional. Por ello, previo a su prohibición, el Estado debería garantizar que ninguna persona alcance un nivel socio-económico tal que tenga que optar por la prostitución como una salida laboral. Al mismo tiempo, se entiende que la mercantilización de la sexualidad entraña una dimensión que no hace más que cosificar al ser humano y reducirlo a una mera existencia corporal, transformándose así sólo en un objeto para el placer ajeno, circunstancia que es ni más ni menos una aberración para la condición humana.

Por todo esto es que el debate se mantiene candente, porque el hecho de que se reconozca la necesidad de salida del estado de clandestinidad de quienes se "dedican" a esta actividad no niega el acto cosificador y reduccionista de la prostitución y el rechazo de la misma no soluciona el problema concreto de la carencia de derechos que poseen quienes ofrecen a la venta sus genitales.

Pero además de todo esto, hay una pregunta más profunda que emerge de esta situación: ¿se puede obligar a alguien a ser libre? ¿Se debe obligar a una mujer a que no ejerza la prostitución? La respuesta pareciera no ser tan clara y, en muchas ocasiones se ve atravesada por la hipocresía. El gran problema es que en muchos sectores de la sociedad está completamente legitimada la oferta sexual pero no legalizada, ya que se busca precisamente que quede en los márgenes de la oscuridad, donde nadie pueda ver. El que consume prostitución en muchas ocasiones se beneficia de esta marginalidad porque merced al dinero, puede acceder a cuerpos en secreto que de otra forma no podría hacer.

No obstante las discusiones que se puedan llevar adelante, lo cierto es que en reiteradas oportunidades se elude la voz de quienes hoy viven en la marginalidad. Aquellas mujeres (y hombres también) que sin ser víctimas de la trata de personas, ejercen esta actividad y se encuentran con que las leyes y los relatos sociales las mantienen en las afueras de la legalidad; no las valoran quienes sostienen que hay que eliminar la prostitución; no las valoran las leyes que las criminalizan; no las valoran sus "clientes" que las toman como bienes de consumo; no las valoran la sociedad que gusta servirse de ellas y las condena al olvido.

Por todo ello, tal vez el Estado tenga como tarea pendiente valorar y recuperar la palabra y la voz de estas personas, de estos seres humanos que habrán tomado decisiones que costará entender pero que, en definitiva, no buscan dañar al otro. Así, si se logra esta recuperación pueda ser que se entiendan los por qué de esta actividad y se puedan encontrar prácticas que tiendan en definitiva a solucionar el gran problema de nuestro tiempo: la desvalorización del ser humano.

Por Federico Emmanuel Mana
Licenciado en Filosofía
@fede_mana

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