Martín Casasola, Juan Cruz Perego y Pablo Gonzalez estuvieron detenidos en la comisaría séptima pero sus compañeros no fueron informados. En la madrugadas les comunicaron su paradero.

Los trabajadores Martín Casasola, Juan Cruz Perego y Pablo Gonzalez fueron dados desaparecidos por varias horas luego de que unos 400 manifestantes que reclamaban frente a las fiscalías de San Isidro la liberación de los cooperativistas detenidos esta tarde durante el desalojo de una fábrica recuperada fueron reprimidos por la policía bonaerense con gases y balas de goma. Hay 30 heridos. “Pedimos que nos digan donde están alojados”, dijo el presidente de la cooperativa a C5N. Finalmente se comunicaron con quienes los buscaban.

Represion en Industrias RB

Los manifestantes que reclamaban sobre el acceso de la calle Alsina fueron desalojados por la policía bonaerense con gases y balas de goma, por lo que se trasladaron a la avenida Centenario donde cortaron el tránsito y volvieron a ser desalojados por la fuerza, con un saldo de al menos 5 lesionados de bala de goma.

Al menos 15 trabajadores habían sido detenidos y otros tres resultaron lesionados esta tarde en el desalojo de la planta de la metalúrgica RB, una empresa recuperada en la localidad bonaerense de Martínez.

Sobre esta empresa pesa una orden de desalojo a pesar de que está vigente una orden de expropiación a favor de la cooperativa que la gestiona hace más de 15 años. Fundada en 1958, fue recuperada por sus trabajadores luego del cierre durante la crisis económica de 2001, cuando convinieron con los acreedores un plan de pago para mantener la maquinaria y las fuentes de trabajo.

El miércoles 8 de junio, el magistrado Orlando Abel Díaz, a cargo del Juzgado de Garantías N° 2 de San Isidro, ordenó el desalojo de la empresa, que fue ejecutado esta tarde por la Policía de la Provincia de Buenos Aires y cuestionado por diversas organizaciones políticas que se solidarizaron con el conflicto y denunciaron que fue absolutamente ilegal ya que en el año 2007 la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires sancionó la expropiación de la empresa a favor de sus trabajadores y la ley fue prorrogada en 2012 por otros cinco años, por lo que aún sigue vigente.