FIFA contempla duras sanciones por el caso Julián Álvarez: qué podría pasar con Barcelona

Frente a este escenario, la dirigencia del Colchonero comenzó a estudiar una posible presentación formal ante la FIFA. El argumento central sería que el conjunto catalán habría mantenido contactos con el jugador sin la autorización correspondiente, una práctica que está regulada por el Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores.

Las sanciones de FIFA que podrían caer sobre el Barcelona

El punto clave del conflicto está relacionado con el denominado “período protegido”, una figura jurídica contemplada por la normativa internacional. En el caso de futbolistas que firman contratos entre los 23 y los 28 años de edad, la FIFA establece una protección equivalente a tres temporadas completas o tres años, tomando el plazo que se cumpla primero. Julián Álvarez, actualmente de 26 años, firmó con Atlético de Madrid en 2024 un vínculo que se extiende hasta junio de 2030, por lo que todavía se encuentra dentro de ese período especial.

Si una investigación determinara que otro club indujo al jugador a romper unilateralmente su contrato durante ese lapso, las consecuencias podrían ser severas. El reglamento establece que la entidad considerada responsable podría recibir una prohibición para incorporar futbolistas durante dos mercados de pases consecutivos, una sanción que impactaría directamente en la planificación deportiva del club involucrado.

La normativa también contempla una situación particularmente delicada: si un futbolista firma con otra institución dentro de los 45 días posteriores a la rescisión de su contrato, la FIFA presume automáticamente que existió una inducción por parte del nuevo empleador. En ese escenario, la carga de la prueba recae sobre el club acusado, que deberá demostrar ante los órganos competentes que no participó ni influyó en la decisión del jugador.

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Y también contra Julián Álvarez

Pero las posibles consecuencias no se limitan únicamente a la institución interesada. El propio futbolista podría verse afectado si resolviera poner fin al vínculo de manera unilateral sin una causa justificada. Según las disposiciones vigentes, la sanción deportiva podría alcanzar los cuatro meses sin disputar partidos oficiales, con la posibilidad de extenderse hasta seis meses en casos considerados especialmente graves.

Además, la ruptura contractual podría derivar en una importante compensación económica a favor del Atlético de Madrid. La indemnización se calcularía tomando en cuenta distintos factores, entre ellos el valor de mercado del futbolista, el perjuicio ocasionado por la pérdida de sus servicios y los costos asociados a la contratación de un eventual reemplazante.

Por ahora, el conflicto permanece en una etapa preliminar y no existe ninguna denuncia formal presentada ante la FIFA. Sin embargo, las declaraciones del delantero argentino y la creciente tensión entre los clubes involucrados transformaron una simple especulación de mercado en un asunto que podría tener repercusiones deportivas, económicas y legales de gran magnitud.

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