Diputados de Unión por la Patria alertan al FMI sobre "opacidad y discrecionalidad" en el Presupuesto 2027

Desde la perspectiva del bloque, el organismo internacional no es ajeno a este escenario, dado que el FMI no solo evalúa el desempeño macroeconómico del país y actualiza sus proyecciones, sino que también introduce modificaciones en metas cuantitativas originalmente pactadas con la administración libertaria.

Los tres ejes del reclamo opositor al FMI

El texto enviado a la cúpula del FMI detalla de manera minuciosa los puntos críticos que, a juicio de la oposición, vician el cálculo financiero proyectado para el año próximo:

• Subvaluación del gasto tributario y impacto del RIGI: El bloque advierte que el superávit primario de la Administración Pública Nacional —calculado en unos $15,4 billones, equivalentes al 1,1% del PBI— se encuentra sobreestimado debido a que omite contemplar el costo fiscal del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Dicho gasto tributario se estima en unos 3.359 millones de dólares anuales (cerca del 0,49% del PBI cuando esté en plena ejecución), teniendo en cuenta que casi la mitad de los desembolsos totales de inversión se proyectan hasta 2028 inclusive.

• Discrecionalidad en la Jurisdicción 91 ("Obligaciones a Cargo del Tesoro"): Uno de los puntos más cuestionados es el salto presupuestario de esta partida, que trepa de 5,6 a 14,8 billones de pesos. Del total asignado, la oposición denuncia que $7,7 billones no cuentan con ley, metas físicas ni criterio de reparto preestablecido. En la práctica, advierten, funciona como una caja de asistencia financiera discrecional utilizada por el Gobierno para negociar con las provincias en apremios financieros.

• Duplicación de la Inversión Financiera Neta: El informe señala que la inversión financiera neta se duplica en términos nominales entre 2026 y 2027, pasando de 9,8 billones a 17,4 billones de pesos. Para los diputados de UP, esto evidencia que el PEN pretende destinar una porción significativa del superávit o de las fuentes financieras a la acumulación de liquidez temporaria y "caja", lo que —según cuestionan— contrasta con el desfinanciamiento de áreas prioritarias como la discapacidad, la educación, la obra pública o el cumplimiento de leyes específicas como la coparticipación del impuesto a los combustibles.