Revés judicial para Luisana Lopilato en Uruguay: pidió más de US$2 millones pero cobrará apenas US$4.000
La Justicia uruguaya rechazó gran parte de la demanda de la actriz por el uso indebido de su imagen en una publicidad de alarmas que protagonizó a los 7 años.
La actriz argentina Luisana Lopilato sufrió un duro revés judicial en Uruguay luego de que el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de Tercer Turno redujera de manera drástica la millonaria indemnización que reclamaba por el uso de su imagen en una campaña publicitaria realizada durante su infancia.
Tras varios años de litigio judicial, los magistrados resolvieron que la artista deberá percibir apenas 4.000 dólares, más los intereses legales correspondientes, una cifra muy lejana a los más de dos millones de dólares que había exigido originalmente en su presentación contra una compañía de alarmas.
El origen del conflicto: un comercial de 1994 en Maldonado
La disputa legal se remonta a 1994, cuando Lopilato tenía apenas 7 años y protagonizó un spot televisivo para Punta Systems, una firma de seguridad privada radicada en Maldonado. En el comercial, la niña le contaba a su osito de peluche que saldría al cine y que su vivienda quedaría protegida por el sistema de alarmas de la empresa.
Sin embargo, según expuso la actriz en la demanda iniciada formalmente en 2013, la empresa excedió el alcance de aquel aviso y utilizó su rostro durante años en camionetas, folletos y cartelería gráfica sin renovar el acuerdo. En febrero de 2006, su padre, Eduardo Lopilato, intimó formalmente a la firma para que retirara ese material, tras lo cual la empresa reemplazó la campaña gráfica. Tres años más tarde, en 2009, Punta Systems fue adquirida por la multinacional española Prosegur, que también quedó incluida en el reclamo.
Por qué la Justicia recortó la indemnización millonaria
En su demanda por daños y perjuicios, Lopilato había solicitado 25.000 dólares en concepto de daño moral, 50.000 dólares por lucro cesante y el 15% de los beneficios económicos obtenidos por las firmas durante el período en que emplearon su imagen, lo que elevaba el reclamo total por encima de los dos millones de dólares.
Al analizar el expediente, el Tribunal de Apelaciones desestimó los principales puntos de la presentación:
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Consentimiento inicial: Los jueces determinaron que no existió un uso de imagen sin autorización, ya que sus padres habían firmado el permiso original en 1994. Aunque el contrato no fue presentado en el juicio, consideraron razonable fijar su vigencia en un año (hasta 1995) y reconocer una compensación únicamente por los diez años posteriores (hasta 2006) en los que la imagen siguió circulando sin contraprestación.
Cálculo del lucro cesante: Para establecer el resarcimiento, el tribunal tomó como referencia los 400 dólares anuales que, según declaró Eduardo Lopilato, se habían pactado originalmente por el trabajo, fijando así un total de 4.000 dólares por la década transcurrida.
Rechazo al daño moral y a las ganancias: Los magistrados negaron el pago por daño moral al considerar que no se probó ningún perjuicio personal o profesional para la actriz, y descartaron el porcentaje de ganancias por falta de relación comprobada entre la publicidad y los ingresos de la empresa.
Asimismo, el fallo hizo lugar al planteo de prescripción presentado por Prosegur y la desligó de cualquier responsabilidad económica, dejando la condena exclusivamente a cargo de Nautiland S.A., razón social de Punta Systems.
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