Corte exige al Estado que mejore cárceles cuyanas
* El Máximo Tribunal ordenó al Estado que reforme las cárceles de Mendoza.
* Dio un plazo de 20 días para adoptar las medidas necesarias que eviten la inseguridad de los internos.
Por Télam
La Corte Suprema de Justicia intimó al Estado Nacional a que en el plazo de 20 días adopte las medidas necesarias para resolver la situación de inseguridad que viven los internos en las cárceles de Mendoza.
La Corte dispuso también que el Poder Ejecutivo Nacional le informe periódicamente -cada 20 días- las medidas que adopte para mejorar la situación de los detenidos en esa provincia.
"Frente a la reiteración de las graves situaciones que se denuncian y que no logran ser modificadas" el fallo, unánime, recordó la vigencia del artículo 18 de la Constitución Nacional que establece que las cárceles "serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas".
El máximo tribunal de la Nación precisó que en Marzo de 2006 la Corte Interamericana de Derechos Humanos formuló indicaciones al Estado argentino "para proteger la vida" y "que no se produzca una muerte más" y destacó que el incumplimiento de esas órdenes puede generar responsabilidad internacional.
La Corte citó observaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al Estado Nacional y copias de resoluciones de jueces de Mendoza emplazado a las autoridades locales para que "en forma inmediata hagan cesar las condiciones de hacinamiento" existente en las penitenciarias provinciales.
Los demandantes del expediente caratulado "Lavado, Diego y otros c/Provincia de Mendoza y otros", agregaron recortes periodísticos y otros documentos como prueba de los hechos de violencia en el penal, que ponían en peligro la integridad física y la vida de los internos.
"Resulta claro -expuso el supremo tribunal- que la gravedad de la reiteración de los hechos que se denuncian, la ausencia de control y dominio adecuado en la Penitenciaría, exigen de la Corte el ejercicio del control encomendado a la justicia sobre las actividades de los otros poderes del Estado".
La Corte afirmó que, por mandato constitucional, el Estado tiene la "obligación y responsabilidad de dar a quienes están cumpliendo una condena o una detención preventiva la adecuada custodia que se manifiesta en el respeto a la vida de los internos, de su salud y de su integridad física y moral".
La resolución fue firmada por el presidente Ricardo Luis Lorenzetti y los ministros Elena Highton, Carlos Fayt, Enrique Petracchi, Juan Carlos Maqueda, Raúl Zaffaroni y Carmen Argibay.
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