El Gobierno hace cuentas tras el fallo a favor de las universidades: ¿cumplirá total o parcialmente la ley?

No obstante, el contundente revés judicial impulsó un cambio de perspectiva y obligó a obrar de manera diferente. Tras una postura de firmeza absoluta, hoy los máximos responsables de la administración de Javier Milei contemplan la alternativa de dar cumplimiento a lo dispuesto por la ley.

Semanas atrás se había negociado un aumento que obtuvo el acuerdo gremial de la Federación de Universitarios (FEDUN). Sin embargo, el fallo modificó por completo el panorama.

Al respecto, el rector de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), Franco Bartolacci, se mostró satisfecho con la decisión de la Corte. En concreto, remarcó que el veredicto constituye un avance esencial hacia la normalización del sistema porque: "Una ley aprobada con tanta legitimidad debe ser cumplida, ni más ni menos que eso. Por eso, creo que el fallo de la Corte es positivo en esos dos aspectos. Y abre una expectativa de que podamos lograr efectivamente la implementación plena de la ley y, con ello, la solución del conflicto".

El acuerdo previo: "cumplimiento parcial" vs. "ley completa"

Quince días antes del fallo de la Corte, el 10 de junio, el Gobierno había firmado un acuerdo con el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y algunos gremios para destrabar el conflicto . Este pacto incluye:

• Un aumento salarial del 24,33% (21,33% en junio y un 3% adicional en octubre) .

• Un incremento del 50% para las Becas Manuel Belgrano .

• Partidas extras para gastos de funcionamiento y hospitales universitarios .

Sin embargo, desde las universidades y los gremios críticos señalan que este acuerdo es insuficiente en comparación con lo que exige la ley. Estiman que la pérdida salarial acumulada supera el 56%, por lo que el aumento acordado solo cubre una parte de la deuda. Además, el acuerdo dejó fuera la actualización de las Becas Progresar, que la ley sí contempla .

La pregunta clave: ¿qué hará el juez Cormick?

Ahora, la decisión final recae en el juez Martín Cormick, quien debe definir la "cuestión de fondo" del expediente, es decir, si el decreto del Gobierno que suspendió la ley es constitucional . En este contexto, se plantean dos escenarios:

• El juez considere el acuerdo como "cumplimiento sustancial": podría dictaminar que el pacto alcanzado es suficiente para dar por satisfecha la orden de la cautelar. En este caso, el Gobierno cumpliría la ley "a medias".

• El juez exija la aplicación plena de la ley: si Cormick determina que el acuerdo no cubre todo lo que mandan los artículos 5 y 6, el Gobierno se vería forzado a pagar el total de la deuda salarial y las becas. Esta es la opción es probable, dado que el juez ya falló a favor de las universidades en el pasado y que el acuerdo no reemplaza a la ley.

Por ahora, el Gobierno insiste en que no pagará "nada extra" y que el acuerdo es el que se debe cumplir . La pelota, está en el tejado del juez Cormick.