María Julia Alsogaray: revocan sobreseimiento de una causa y seguirán investigando
La Cámara Federal de Casación Penal ordenó continuar una causa contra la ex funcionaria por negociaciones incompatibles a la función pública.
En el voto que abre el fallo, el juez Gustavo Hornos revocó la decisión del Tribunal Oral al entender que no transcurrió el plazo de prescripción de la acción en el caso respecto de María Julia Alsogaray
y que no había resultado violada la garantía de juzgamiento en un plazo razonable.
En esa ocasión, el fallecido ex jefe del Estado reclamó al Congreso el otorgamiento de rango Constitucional a la "Convención Interamericana contra la Corrupción" junto a los demás Tratados y Convenciones de derechos humanos, recordó Gemignani en su voto.
La resolución que reabre la investigación fue dictada por la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los jueces Gustavo Hornos, Juan Carlos Gemignani y Mariano Hernán Borinsky, en el marco de las causas Nº 1253 y 783, según se informó esta tarde.
El Tribunal Oral 6, el mismo que en aquel caso la sobreseyó, le impuso la semana pasada cuatro años de prisión en la causa en la que se la investigó por el delito de defraudación por administración fraudulenta cometido en el marco de la privatización de la ex empresa telefónica estatal ENTEL.
La Justicia ordenó hacer un cómputo de unificación de penas, y dispuso la "inmediata captura" de Alsogaray una vez que la sentencia "quede firme".
Alsogaray sigue acumulando causas. Fue condenada el año pasado a cuatro años de prisión por los delitos de peculado y defraudación a la administración pública y podría ir a la cárcel una vez que la pena quede firme ya que tiene otra condena anterior.
En el año 2008 la Corte Suprema dejó firme un fallo que la condenó a tres años de prisión por enriquecimiento ilícito y al decomiso de 500.000 dólares.
Días atrás sufrió otro revés ya que el tribunal ordenó decomisarle $341.507,81 que surgen de intereses de una multa que se le impuso en 2004 por enriquecimiento ilícito. La decisión del Tribunal surgió en coincidencia con lo solicitado por la fiscal Sabrina Namer para rechazar un planteo de la defensa que indicaba que había prescripto el decomiso de los intereses.
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