Bahía Blanca: qué reveló el peritaje de los celulares de los acusados de matar una nutria

“Obtuvimos una parte de lo que estábamos rastreando”, señaló Garrido, al tiempo que precisó que “el registro fílmico completo apareció en el equipo de Bravo”. Agregó que esa evidencia “permite validar toda la información que ya manejábamos y asegura su admisión como prueba sin que la defensa pueda objetarla”.

Juan Bautista Bravo e Imanol Santerre, los acusados de matar a una nutria en Bahía Blanca.

Pese a la presunción de que pudieran existir otros partícipes, los peritos no hallaron en ninguno de los aparatos comunicaciones que apuntaran a un tercero. No obstante, los investigadores mantienen la hipótesis de que un posible encubridor habría trasladado el cadáver del coipo desde el escenario de los hechos hasta otro punto, aunque no se encontraron elementos que respalden esa teoría.

Antes del desbloqueo de los celulares, Garrido ya había manifestado: “Buscamos diálogos con otras personas que aquel sábado por la mañana se acercaron para retirar el cuerpo del animal, instantes antes de la llegada de la Policía Ecológica, que debía proceder al traslado y la autopsia”.

Según pudo saber La Nueva, el funcionario judicial indicó que, ante la ausencia de rastros en los dispositivos, en un plazo de quince días se someterán a una inspección técnica más minuciosa mediante el sistema UFED (Universal Forensic Extraction Device), con el fin de recuperar eventuales mensajes borrados que pudieran esclarecer el presunto ocultamiento.

Paralelamente, los informes periciales revelaron que los acusados recibieron más de tres mil intimidaciones después de la difusión viral del video. De acuerdo con los datos aportados por La Brújula 24, este descubrimiento derivará en la apertura de una causa independiente, aún pendiente de ser asignada a otra Fiscalía.

En esta nueva vertiente investigativa, las autoridades procurarán dar con los remitentes de esas amenazas y evaluar si los mensajes configuran ilícitos. Con ese fin, los expertos examinarán el tenor de cada comunicación, las cuentas desde las que fueron enviadas y su nivel de hostigamiento.

La incoación de este expediente paralelo por amenazas contra Bravo y Santerre ya había sido requerida por sus defensores, quienes pretenden que los eventuales responsables afronten repercusiones penales.

Cabe recordar que el Código Penal contempla que las amenazas pueden revestir una gravedad superior a la de los delitos contra los animales. Por lo tanto, de acreditarse la existencia de amedrentamientos, algunas personas podrían quedar expuestas a sanciones judiciales más rigurosas que las que pesan sobre los propios imputados por la muerte de la nutria.

El hecho

El sábado 6 de junio, un video que mostraba a Bravo acorralando y golpeando a una nutria en la vereda de Paraguay al 500, en Bahía Blanca, se propagó velozmente en las plataformas digitales. Esa grabación también sirvió para identificar a Santerre como la persona que registró la escena con su teléfono.

En el material audiovisual se oye a uno de los jóvenes decir: “Vamos a matarlo y lo hacemos escabeche”, mientras discuten si el ejemplar era una nutria o un carpincho. El animal, de pelaje marrón y unos 60 centímetros de longitud, había sido divisado días atrás por personal municipal de Zoonosis, que intentó infructuosamente su rescate.

La Fundación Grupo Alianza Animal recibió el video luego de que una usuaria etiquetara a la organización para dar visibilidad al caso. A raíz de esto, Morena Loncaric, presidenta de la entidad, recolectó pruebas y formalizó una denuncia penal por maltrato animal con resultado de muerte.

Loncaric declaró que no pudo ver el metraje completo por la crudeza de las imágenes y subrayó que el suceso debía tener derivaciones judiciales. Tras la difusión, se multiplicaron en redes los reclamos de datos personales y direcciones de los jóvenes. Ante esa escalada, la titular de la organización entregó la información únicamente a la Policía, a fin de evitar que el caso se saliera del cauce judicial.

Como consecuencia, los acusados desactivaron sus perfiles en redes sociales, mientras que los pesquisas solicitaron colaboración a testigos presenciales, a quienes consideran piezas fundamentales en el expediente. La fundación mencionó la posible intervención de más personas o testigos y remarcó que será la Justicia la que determine las responsabilidades.

Por su parte, la Municipalidad de Bahía Blanca anunció que se constituirá como querellante particular y que trabaja en conjunto con el fiscal Garrido para profundizar la investigación. Desde el municipio remarcaron que “la violencia hacia los animales nos interpela como sociedad y demanda una respuesta firme por parte del Estado”, e insistieron en que estas situaciones “no pueden ser relativizadas ni naturalizadas”.