Casación frenó el juicio contra los médicos Hernán Boveri y Fini Lanusse por las "fiestas de propofol"

Pero la etapa de instrucción se superó de manera prematura, tal como lo entendió el juez de Casación Nicolás Grappasonno, porque falta examinar pruebas: por ejemplo, nunca se abrieron los celulares de Lanusse y Boveri para analizar el contenido, aunque existía el pedido de la fiscalía.

Además, el fiscal de instrucción Lucio Herrera había solicitado también unos informes al Hospital Italiano sobre las cirugías y procesos de sedación en los que participaron tanto Hernán Boveri como Fini Lanusse entre el 1^o de enero de 2025 y el 1^o de febrero de 2026 donde se hubiera registrado el uso de ampollas de propofol.

Los procesamientos de Boveri -en calidad de autor- y Lanusse -como partícipe necesaria- fueron confirmados en junio por la Sala V de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Ciudad de Buenos Aires.

Así quedó validado el criterio del juez de primera instancia, Javier Sánchez Sarmiento, que en ese momento era el subrogante de Pablo Federico Moya al frente del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°47.

Moya volvió a sus funciones y en agosto elevó la causa a juicio.

Herrera consideró que la apertura y análisis de los celulares era "potencialmente relevante" para la causa, pero el juez recalcó que la producción de la evidencia no era imprescindible para "adoptar una decisión sobre la clausura de la instrucción en relación con los hechos que constituyen el objeto de este proceso", informó el sitio Fiscales.gob.ar.

Cuando el caso llegó a la fiscal María Luz Castany para la etapa de juicio, en agosto, la funcionaria miró el dictamen de Herrera en el que constaba que faltaban los resultados de los informes y análisis requeridos por Herrera y su equipo en la instancia anterior.

Chantal Leclercq y Delfina Lanusse están siendo investigadas por el robo de medicamentos de hospitales.

Para Castany, "excede lo que razonablemente se puede entender como una medida de prueba secundaria o tangencial, que pueda quedar pendiente en el marco de una instrucción suplementaria".

En otras palabras, el Ministerio Público Fiscal sostiene que en los celulares de los médicos imputados están las pruebas, "tanto en la ampliación de la base de los hechos, como en la delimitación de la intervención de los imputados y su alcance y encuadre jurídico".

El caso salió a la luz en marzo de este año por la muerte del anestesiólogo Alejandro Zalazar, de 31 años, que hacía guardias en el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez y fue hallado sin vida en febrero, en su departamento de Palermo, rodeado de parafernalia ligada a las drogas robadas de centros médicos, como las ampollas de propofol.

El escándalo salpicó a varios profesionales de la salud, como la médica residente Chantal “Tati” Leclercq, hoy porque se sospecha que habría sustraído medicamentos del Hospital Rivadavia, donde realizaba su especialización en anestesiología.

Actualmente hay tres causas paralelas a la de Hernán Boveri y Fini Lanusse: en una se investiga las causas de la muerte de Zalazar; en otra, el rol de Leclerq en el robo de drogas del Hsopital Rivadavia; y una más, que está en el fuero federal porteño.