El Gobierno firmó la Resolución 253/2026 y Parques Nacionales recupera el predio Varadero del Nahuel Huapi
La Administración de Parques Nacionales asumió la gestión directa del Área Varadero en el Parque Nacional Nahuel Huapi tras finalizar la concesión privada.
El Gobierno firmó la Resolución 253/2026 y Parques Nacionales recupera el predio Varadero del Nahuel Huapi
A través de la Resolución 253/2026 publicada en el Boletín Oficial, la Administración de Parques Nacionales formalizó la recuperación y toma de control del predio Varadero. El sector estuvo administrado por la firma London Supply hasta la firma de la adenda contractual que le devolvió la gestión directa al organismo ambiental.
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Protocolo operativo e intendencia del Parque Nacional Nahuel Huapi
La normativa oficial establece que la organización, administración y control operativo del sector quedará bajo la órbita de la Intendencia del Parque Nacional Nahuel Huapi. Para garantizar un funcionamiento ordenado, el organismo local fue facultado a reglamentar un protocolo específico de uso.
Este nuevo esquema normativo regulará aspectos centrales para la actividad náutica y logística del área:
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Establecerá los criterios definitivos de acceso al predio.
Organizará la asignación equitativa de turnos operativos.
Fijará las condiciones indispensables de seguridad y las responsabilidades de los usuarios.
Requerirá la conformidad previa de la Dirección Nacional de Uso Público antes de implementarse o modificarse.
Nuevas tarifas para embarcaciones privadas en el Varadero
Para asegurar el sostenimiento económico y la operatividad técnica de la zona, el Directorio fijó un canon arancelario para los privados que utilicen las instalaciones. El monto diario asignado por embarcación será equivalente a CINCO (5) Derechos de Accesos, en categoría General, del valor vigente para el Parque Nacional Nahuel Huapi.
El pago deberá concretarse dentro de los 5 días hábiles administrativos posteriores a la finalización de las maniobras o tareas. En caso de morosidad o incumplimiento, la Intendencia aplicará intereses y sanciones administrativas, quedando habilitada a exigir el cobro por vía judicial tras las intimaciones correspondientes.






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