Elizabeth Gómez Alcorta: "Estamos trabajando en acciones para la salida del aislamiento desde una perspectiva de género"
A 7 meses del surgimiento del primer Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad en nuestro país, su titular repasa en esta entrevista con minutouno.com las problemáticas a las que tuvieron que enfrentarse por la emergencia sanitaria producto de la pandemia de coronavirus, y las medidas que ya están trazando para el día después.
La crisis sanitaria expuso las desigualdades de género en torno a las tareas de cuidados, profundizó la situación de emergencia de poblaciones más vulnerables -como las personas travestis y trans-, potenció el riesgo de violencia doméstica y obstaculizó derechos como el acceso a la Interrupción Legal del Embarazo, entre otras. minutouno.com entrevistó a la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, para hablar sobre las propuestas y acciones que desarrollan desde el Estado frente a esta situación y sobre el trabajo que realizaron durante estos 7 meses de gestión.
-Hace unas semanas presentaron el Plan Nacional de Acción contra las Violencias por motivos de Género para el período 2020-2022 ¿Cómo fue el diseño del Plan? ¿Quiénes participaron de su construcción? y ¿Cómo lograron que sea una herramienta federal?
Cuando apenas asumimos la gestión resolvimos que el primer Plan Nacional de Acción contra la Violencia que iba a ser diseñado, implementado y puesto en ejecución por el primer Ministerio de las Mujeres, tenía que tener un diseño diferente al anterior. En principio, que tenía que tener una participación, una instancia consultiva, en su formulación. En ese sentido, entendimos que la violencia en nuestro país tiene ciertas particularidades en función de las zonas o regiones y que había que ir a escuchar a quienes trabajan en estos temas ya sea desde la sociedad civil o en los poderes ejecutivo, legislativo, judiciales, provinciales o dispositivos municipales. Entonces, organizamos nueve foros federales. Teníamos mucha expectativa de cómo iban a ser recibidas las invitaciones para participar es estos y la verdad es que las respuestas que obtuvimos fueron maravillosas. Me acuerdo la primera reunión a la que fuimos, en Chapalmalal. Quinientas compañeras viajaron por sus propios medios para poder comentar sus propuestas. Cuando estábamos en medio de este proceso de armado se decretó el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO) y tomamos la decisión de continuarlo pero de manera virtual. Obviamente nos limitó un poco pero pudimos llevarlo adelante con la participación de organizaciones de todo el país. Participaron más de tres mil quinientas personas y hubo más de mil seiscientos aportes y propuestas concretas. A la par, entendíamos que parte de los beneficios reales concretos que tienen un ministerio es la posibilidad de articular con los otros ministerios a nivel nacional entonces convocamos a que cada uno para que asuma compromisos en el Plan. También la respuesta fue muy buena y hubo más de 100 compromisos asumidos por los restantes 20 ministerios, Jefatura de Gabinete y 26 organismos descentralizados.
- El Plan es una obligación establecida en la Ley 26.845 de Protección Integral a las Mujeres del año 2009 ¿En qué se diferencia con los planes realizados por las gestiones anteriores? En su presentación hicieron hincapié en que el eje no estaría en crear más refugios, ¿cuáles son los ejes principales?
El plan es distinto en varios aspectos, empezando porque tiene un presupuesto sustancialmente mayor que los anteriores. Teníamos la obligación de construirlo de otro modo. Entendemos que hoy estamos en una nueva instancia con nuevos desafíos gracias a todas las políticas que se llevaron adelante en el pasado contra la violencia en la Argentina. Hoy tenemos más de 150 hogares y refugios en todo el país. Eso nos permite pensar y hacer otros aportes vinculados al abordaje integral contra las violencias. Podemos empezar a pensar más allá de la situación de emergencia en que está la persona y diseñar políticas para acompañar durante un período de tiempo. En este sentido, es fundamental el programa Acompañar, por el cual el Estado nacional en combinación con los estados provinciales y municipales va a permitir aportar tanto recursos simbólicos o subjetivos como recursos económicos. Sabemos que salir de las situaciones de violencia es muy difícil y que se necesita contar con distintos tipos de recursos para poder empezar a construir un proyecto de vida autónomo. Entonces, en esta línea, diseñamos un abordaje integral que implique además políticas de prevención.
-En relación a esto hablan de un cambio de paradigma ¿Qué acciones se llevarán a cabo para un cambio cultural y estructural de la problemática?
Vemos la necesidad de modificar el paradigma de abordaje individual de las situaciones de violencia por motivos de género y avanzar hacia la construcción de un abordaje integral que implica crear condiciones subjetivas y materiales para que esas personas puedan desarrollar un proyecto de vida autónomo. Más allá de las emergencias debemos pensar en la prevención como parte de las transformaciones culturales que necesitamos y que el Estado tiene la obligación de llevar adelante. Pensamos que las políticas de protección deben tender a no recaer exclusivamente en las personas en situación de violencia de género, en ocasiones se las revictimiza, sino que se deben enfocar en los agresores. Es momento de plantear políticas vinculadas a los agresores y de prevención a partir de la construcción de otro tipo de masculinidades. Parte de lo que podemos hacer hoy está vinculado a todo el recorrido que tuvimos. Sin las medidas que se tomaron previamente sería muy difícil llevar a cabo estas políticas integrales contra la violencia.
-Uno de los objetivos del plan es fortalecer el acceso a la Justicia ¿cómo se llevará adelante?
Proponemos trabajar en el acceso a derechos, se trata de un concepto más amplio que no sea exclusivamente pensando en que se pueda acceder a hacer denuncias. Si bien hay que reforzar y trabajar por más patrocinios jurídicos gratuitos, por más acompañamiento, también hay que ver otros modos donde se puedan recibir las denuncias y crear ámbitos nuevos para ello que no implique la revictimización. Se crearán Centros Territoriales Integrales de políticas de género y diversidad en todo el país que llevarán a cabo políticas de prevención, asistencia, protección y fortalecimiento del acceso a la justicia desde una perspectiva interseccional e integral. Además se llevarán adelante capacitaciones y en protocolos para el acceso a las denuncias, algunos de ellos ya los venimos implementando, que puedan ser federalizados.
-Se cumplieron 7 meses de gestión de gobierno y del surgimiento del ministerio ¿Qué balance puede hacer del trabajo que hicieron en estos primeros meses? ¿Qué proyectos debieron ser interrumpidos cuando se decretó el ASPO? y ¿qué nuevas medidas debieron implementarse en materia de género a partir de la éste?
Estamos todavía construyendo el ministerio. En general la gente supone que el 10 de diciembre cuando se dictó la creación del ministerio ya está, pero no es así. Implica una cantidad enorme de trabajo, que es subterráneo, para ponerlo en marcha. Todavía el proceso no terminó. Por ejemplo todavía no tenemos toda la dotación, ni el edificio. Los cargos de las direcciones fueron aprobados el 3 de marzo, pocos días antes de que se decretara el ASPO. En ese sentido, y teniendo en cuenta que de los siete meses cuatro los llevamos de aislamiento, creo que hay áreas que han hecho un trabajo, y lo siguen haciendo, que es invalorable. Al comienzo de la emergencia, las circunstancias nos hicieron poner un freno a algunas de las políticas en que veníamos trabajando y focalizar los pocos recursos que teníamos a las cuestiones vinculadas a la emergencia. Tuvimos que salir a pensar rápidamente en algunas medidas que no estaban pensadas, ni diseñadas, como por ejemplo el sostenimiento alimentario de la población travesti y trans. Al tiempo de eso pudimos volver a tomar la posta de otras acciones que veníamos desarrollando, como el diseño plan nacional de acciones contra las violencias. Trabajamos con un “doble comando”. ¿Podríamos hacerlo mejor? sin dudas pero estoy muy orgullosa del equipo del Ministerio que trabajó en estas condiciones doblemente particulares, por la emergente y por la creación de un ministerio.
- El encierro puede llegar a potenciar las situaciones de violencia porque el lugar más inseguro para las feminidades sigue siendo el hogar.¿Incrementaron las violencias durante el ASPO? ¿Cómo evalúan las medidas que llevó a cabo el ministerio, como la campaña del barbijo rojo o la implementación de un Whatsapp para acceder a la línea 144?
No hay un dato general, único, sobre las violencias por motivos de género por varias cuestiones. Una es que son violencias subregistradas. El 80% de las víctimas de femicidios y travesticidios nunca habían denunciado a su agresor. Sin embargo, pudimos ir constatando en todo el país que el aislamiento aumenta los riesgos de las violencias, sobretodo de las violencias domésticas porque el hecho de tener que convivir con el agresor ininterrumpidamente genera mayores riesgos. Estamos en el proceso de creación de un sistema unificado de información, que tiene la dificultad de depender de 24 jurisdicciones distintas. Sabemos que efectivamente hubo un aumento en las consultas vinculadas a las violencias en la línea 144, que es la línea nacional de consulta y escucha atenta, y que se mantiene estable en un 39 o 40% a partir de que el aislamiento. Lanzamos rápidamente el WhatsApp porque entendimos que ante la posibilidad de que alguien quiera comunicarse pero esté con el agresor el contacto por esa vía se facilita. Hoy el 27% de las consultas llegan por esa vía. Fue sin lugar a dudas una decisión acertada, que vamos a continuar una vez que termine el aislamiento. En cuanto a la campaña del barbijo rojo, también creemos que fue efectiva porque hubo muchas consultas. En junio hubo 23 casos de personas que se acercaron a farmacias de todo el país con diferentes resoluciones. También fueron útiles las campañas que se realizaron de difusión de la línea 144.
-La crisis sanitaria profundizó las desigualdades y una de los grupos más afectados fue la población travesti trans ¿Qué medidas se llevaron a cabo desde el ministerio para estas personas?
La medida más importante que tomamos respecto a esta población fue la inclusión de 3500 personas travesti trans al programa Potenciar Trabajo del Ministerio de Desarrollo Social. Por otro lado, entregamos módulos alimentarios y trabajamos en una mesa sobre situaciones habitacionales, vinculadas a posibles potenciales desalojos a partir del aislamiento, sobretodo en la Ciudad de Buenos Aires y en el AMBA. Con el Ministerio de Salud realizamos acciones en conjunto en relación a los casos que nos han llegado de problemas en la continuidad de tratamientos de hormonización y de HIV y con el Ministerio del Interior en la regularización registral. La semana pasada firmé la resolución del Programa de Inclusión de Acceso a Derechos de la Población Travesti Trans que tiene esencialmente tres ejes: la educación, el acceso a la salud y al trabajo. Una parte del programa está pensado en esta situación de emergencia pero va mucho más allá y tiene objetivos a largo plazo.
- ¿Cómo interviene el ministerio en otras decisiones de gobierno que se toman en este contexto de la pandemia? ¿Se está trabajando en medidas para la salida del ASPO desde una perspectiva de género?
El Ministerio tuvo durante desde el inicio de la pandemia y continúa teniendo contacto con quien está a cargo del Comité de Crisis, que es el jefe de Gabinete (Santiago Cafiero) y coordinado acciones con otros ministerios. Venimos trabajando en relación al IFE (Ingreso Familiar de Emergencia), a las trabajadoras de casas particulares, a las licencias y a las tareas de cuidado. Se armaron varias mesas interministeriales para tratar estos y más temas. Estamos trabajando en una batería de acciones y de programas para la salida del aislamiento desde una perspectiva de género que anunciará el Presidente pronto y aún no puedo adelantar nada.
- La semana pasada CABA adhirió al protocolo nacional de Interrupción Legal del Embarazo (ILE) pero aún hay varias provincias que no lo hicieron ¿Cómo se garantiza este derecho en éstas últimas?
No tenemos competencia para imponer un protocolo a cada una de las provincias pero si trabajamos en relación al aseguramiento de acceso al derecho a la ILE porque es un derecho que tienen todas las mujeres y personas gestantes de nuestro país. Trabajamos en los casos en que es obstaculizado, más allá de que haya o no protocolo ILE en esa provincia y que muchas veces adhieren al protocolo nacional o tienen su propio protocolo pero no se cumple.Nosotras informamos que también a través de la línea 144 las personas pueden hacer saber que se encuentran en esa situación y pueden ser asesoradas. Trabajamos durante la pandemia y seguiremos después para que no haya una sola persona en el país que no tenga acceso a la ILE.
-¿ Cuándo se va a enviar al Congreso el proyecto de Interrupción Legal del Embarazo anunciado por el presidente en la apertura de sesiones legislativas?
El proyecto ya está redactado, como lo dijo el presidente en reiteradas ocasiones. Estamos esperando un mejor momento para el envío al Congreso, entendiendo que estamos atravesando un contexto excepcional a nivel mundial. Como en el debate se basa en la salud pública necesitamos a los actores y actrices del Ministerio de Salud y quienes trabajan en la salud pública para darlo y en este contexto resulta un poco complicado.
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