Procesaron con prisión preventiva al policía acusado de matar a Gabriel González en Villa Lugano
El fallo, que incluye un millonario embargo, destaca el "abuso de funciones" del oficial y dicta el sobreseimiento de los familiares de la víctima, quienes inicialmente habían sido imputados.
En el marco de una resolución clave en la causa por el crimen de Juan Gabriel González, el juez Hugo Decaria procesó este jueves al oficial de la Policía de la Ciudad, Darián Gastón Miño, por el asesinato ocurrido durante la Navidad en la Villa 20.
De esta manera, Miño permanecerá detenido bajo prisión preventiva tras ser considerado autor de homicidio agravado. Además, el magistrado trabó un embargo sobre sus bienes por la suma de $110.004.700.
La decisión del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 20 se apoyó en elementos probatorios que el juez calificó como determinantes. En primer lugar, los registros fílmicos: videos viralizados por los propios vecinos mostraron el momento exacto en que el oficial accionó su arma reglamentaria a corta distancia.
Además, los peritajes del Cuerpo Médico Forense confirmaron que González recibió impactos de munición múltiple en tórax y abdomen, lo que le provocó una hemorragia interna letal.
En este sentido, la justicia determinó que el operativo, que comenzó como una intervención por disturbios navideños, derivó en una agresión física innecesaria que culminó en el disparo fatal, por lo que se destaca el uso desproporcionado de la fuerza.
El fallo de Decaria no solo recayó sobre el oficial, sino que también corrigió la situación procesal de los allegados a González. El hijo de la víctima, su pareja y un vecino —quienes habían sido imputados durante los caóticos incidentes de esa madrugada— fueron sobreseídos de culpa y cargo.
Por su parte, la Policía de la Ciudad confirmó que Miño fue separado inmediatamente de la institución tras el procesamiento, perdiendo su estado policial de manera definitiva.
Finalmente, desde la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI), organización que difundió los resultados de la autopsia, calificaron el informe médico como "dirimente". Para la entidad, el caso representa un ejemplo claro de violencia institucional donde la fuerza pública fue utilizada de manera abusiva contra un vecino del barrio.
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