Triple crimen de Florencio Varela: "Pequeño J" denunció amenazas de muerte
Las intimidaciones habrían ocurrido en el penal de Ezeiza en un pabellón de alta peligrosidad tras la salida de las imágenes que complicaron al acusado.
Tony Janzen Valverde Victoriano, conocido como "Pequeño J", está detenido en el Complejo Penitenciario Federal N° 24 de Marcos Paz.
Tony Janzen Valverde, alias “Pequeño J”, denunció ante la Justicia federal haber recibido amenazas de muerte dentro del Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza luego de que se filtrara el video de las torturas vinculadas al triple crimen narco de Florencio Varela. La presentación judicial se realizó el 5 de noviembre de 2026 tras la viralización de las imágenes.
Según informó Infobae, el acusado se comunicó con su defensa para reportar intimidaciones provenientes de otros reclusos en el sector de alto riesgo del penal. Ante esta situación, su abogado, Lucas Contreras Alderete, presentó una serie de pedidos formales ante el Juzgado Federal N°2 de Morón.
La defensa exigió la separación preventiva de Valverde respecto de los presuntos agresores, pero aclaró que debe realizarse sin aplicar aislamiento sancionatorio ni restricciones adicionales injustificadas. Además solicitó que el Servicio Penitenciario Federal realice una evaluación de riesgo de la situación y que la Procuración Penitenciaria intervenga en el caso.
Al igual que las familias de las víctimas, el abogado pidió abrir una investigación para determinar cómo se filtró el material probatorio que estaba bajo secreto de sumario.
La semana pasada, la familia Gutiérrez anunció que denunciaría a la jueza Sandra Arroyo Salgado por la presunta filtración del video. Las imágenes fueron halladas, precisamente, en el marco de una causa narco investigada por la magistrada federal: fueron recuperadas del teléfono de un subalterno de Pablo Macalopu Cafferata, alias “Roger”, el director de la tortura que sufrió la joven de 15 años.
Contreras Alderete pidió, efectivamente, la extracción de testimonios para determinar cómo se filtró el video de las torturas. También le da un giro al tema: en su segunda presentación, apuntó a la chance de una investigación viciada.
“El secuestro lícito de un teléfono no equivale a una autorización sin límites para revisar cualquier dato que contenga. El dispositivo concentra comunicaciones, archivos y huellas de la vida privada de su titular y de terceros; de allí la necesidad de controlar el objeto, la necesidad y la proporcionalidad de la injerencia”, aseveró.
El abogado pidió la información completa del expediente de Arroyo Salgado, con la resolución de allanamiento y secuestro, el acta de incautación y cadena de custodia del dispositivo, la orden judicial de pericia, puntos y alcance, así como las actas de apertura, extracción y análisis y los informes técnicos completos y sus anexos pertinentes.
Contreras Alderete no pudo acceder al video en el marco del expediente; la causa continuaba bajo secreto de sumario hasta la mañana de hoy jueves.
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