El gobierno de Javier Milei volvió a profundizar el atroz ajuste a las provincias en junio
La Nación recortó casi un 88% en términos reales las transferencias discrecionales durante junio y dejó los fondos en niveles mínimos históricos.
Atroz ajuste a las provincias
El ajuste del Gobierno volvió a tener a las provincias como uno de sus principales focos. Durante junio, la administración nacional profundizó la poda de recursos que dependen de decisiones de la Casa Rosada y aplicó un recorte cercano al 88% en términos reales sobre las transferencias discrecionales a los distritos.
La magnitud de la medida expuso una nueva fase del programa de austeridad fiscal y encendió la alarma entre los gobernadores, que observan cómo una herramienta histórica de asistencia financiera quedó reducida a su mínima expresión.
El dato refleja una retracción extraordinaria de los fondos que Nación gira por fuera de los mecanismos automáticos. En junio no hubo transferencias correspondientes a los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), mientras que otras partidas asociadas a convenios, programas específicos y asistencia directa también registraron una fuerte contracción.
La motosierra fiscal volvió a avanzar sobre los recursos provinciales y dejó una postal de profundo repliegue del Estado nacional. El recorte, de una magnitud inusual, convirtió a junio en uno de los meses con menor volumen de transferencias discrecionales desde que existen registros comparables.
Desde la Casa Rosada justifican la decisión como parte de la búsqueda del equilibrio fiscal y sostienen que el esquema previo estaba atravesado por criterios discrecionales que generaban dependencia entre las provincias y el poder central. Para el Gobierno, el nuevo escenario obliga a los distritos a ordenar sus cuentas y priorizar sus propios gastos.
Los gobernadores, en cambio, cuestionan con dureza la medida y aseguran que el recorte profundiza la presión sobre las finanzas provinciales. Según plantean, la merma de recursos nacionales condiciona la capacidad de sostener obras públicas, programas de asistencia y distintos servicios que dependen de los presupuestos locales.
La disputa abre una nueva grieta en la relación entre Nación y provincias. Mientras el oficialismo exhibe el ajuste como una señal de disciplina fiscal y racionalización del gasto, los mandatarios provinciales denuncian una etapa de mayor asfixia financiera y reclaman una distribución más equilibrada de los recursos.
El episodio se inscribe dentro de una transformación más amplia del esquema federal: menos fondos administrados de manera discrecional por la Nación y mayor presión sobre las provincias para sostener sus cuentas con recursos propios.
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