Testigos complicaron al juez Oyarbide por el supuesto pedido de coima

Fuentes judiciales informaron este lunes que cuatro testigos de los seis empleados de la mutual que declararon en el caso aseguraron que finalizado el operativo, el dueño de la misma, les dijo que policías de la ahora disuelta División Investigación Federal de Organizaciones Criminales (Difoc) le habían pedido dinero, se habló de varias cifras que rondan los  2, 5 millones de pesos, a cambio de frenar el allanamiento.

Se trata de seis testigos que coincidieron al declarar que el día del allanamiento,  los policías no dieron detalles sobre el procedimiento, ni lo que buscaban, algo que les llamó la atención, indicaron los voceros.

También recordaron, según las fuentes, que el allanamiento se inició de una forma "un tanto violenta por cómo ingresaron los efectivos", y que se extendió por unas cinco horas aproximadamente.

Los testigos coincidieron en recordar que luego de una reunión a "puertas cerradas" donde habría tenido lugar el pedido de coima, la policía no se llevó nada de la mutual y se retiraron.

 Se espera para los próximos días la declaración del empresario Greppi, y su hijo.

El allanamiento ordenado por Oyarbide  el 19 de diciembre pasado fue realizado en una causa por presunto lavado de dinero, donde policías de la División Investigación Federal de Organizaciones Criminales (Difoc) ingresaron a las oficinas de Maipú 311 en Capital Federal en la mutual Propyme.

El empresario y su abogado afirmaron que durante el allanamiento ordenado por Oyarbide, el subcomisario a cargo del operativo -que integraría el equipo de trabajo permanente con el juez-   y su superior desplegaron un modus operandi agresivo, llegaron a derribar una puerta, y pidieron todos los cheques y computadoras de la financiera para que sean secuestradas. También habrían amenazado con arrestarlos, según denunciaron.

De acuerdo al denunciante Greppi y su abogado Fernando Torres, los policías le pidieron una coima de 2.500.000 pesos a cambio de frenar el allanamiento. Los policías habrían dicho que actuaban en nombre del juez y de su secretario judicial y mano derecha en el juzgado Carlos Leiva.

 El juez Rodríguez ahora quiere determinar si existió ese pedido de sobornos, y  si alguien del juzgado de Oyarbide participó del hecho, ya que  hasta ahora figuran implicados los subcomisarios Fabio Ascona y Ángel Dardo Castro.

Por ahora el juez Rodríguez resolvió citar como testigos al empresario Greppi y su abogado Torres para el 20 de febrero próximo, también a aquellos que figuran como testigos convocados por los agentes de la Difoc del allanamiento realizado en la mutual, y de otras personas que estuvieron presentes durante el procedimiento.

Rodríguez pidió entre las medidas, que se le informe en qué causas el juzgado federal 5 a cargo de Oyarbide requirió la colaboración de la división especial Difoc en los años 2012 y 2013.

Es que llama la atención la cantidad de convocatorias que hizo Oyarbide a la Difoc, que superaría ampliamente a la de sus colegas, según informaron fuentes judiciales.

El magistrado pidió a la empresa Prosegur que aporte la filmación de una cámara de seguridad ubicada a metros de la financiera y que está instalada en la Caja Popular de Ahorros de la Provincia de Tucumán para intentar determinar si se captaron imágenes que puedan revelar algún detalle para la investigación.

Entre las medidas, Rodriguez pidió a la presidencia de la Cámara Federal, a cargo de  Martín Irurzun, que informe si consta alguna actuación administrativa a raíz del hecho o  si el propio Oyarbide dio inicio a algún sumario.

También se pidió a la División Legajos Personales de la Policía Federal los legajos de los subcomisarios involucrados, Ascona y Castro, y de otros cuatro efectivos también implicados en el hecho denunciado.